Miguel Ángel del Pozo
No es por casualidad que titulamos este texto comenzando, a propósito, con la interrogante de calificación al Estado de Colombia como un “Estado Fallido”; lo proponemos porque no entenderíamos la ocupación militar de los Estados Unidos de América, es decir, Poder (Mûller Rojas dixit), Gobierno, Congreso, Pentágono, del territorio patrio colombiano; usted puede argumentar que es una extensión a la invitación, bajo los acuerdos alcanzados por ambos Gobiernos, Colombia/EEUU de América, de aumentar la presencia del Pentágono en sus tropas, personal civil y militares, sus tecnologías de punta, sus equipamientos: aviones y otros implementos militares, y, por obvias razones, sus alimentaciones especiales para sus tropas proporcionadas por esas mismas compañías norteamericanas que suplían a las tropas en Vietnam.
Cabe la pregunta ¿Por qué el aumento tanto en calidad como en cantidad en personal y en “coroticos militares para la guerra” norteamericanos asentados en territorio nacional colombiano? Retiramos que respetamos las decisiones de Estado, dentro de la Política de Estado de Colombia (no solo del Gobierno de don Álvaro Uribe Vélez sino de solidaridad y apoyo de la oposición a su Gobierno como se conoce a través de las declaraciones dadas por altos personeros políticos a medios de prensa colombianos), de aceptar aumentar la presencia militar norteamericana en la ex-colonia española. Eso es un asunto colombiano. Pero la pregunta continua sin respuesta, por ahora.
Es de conocimiento público las líneas generales del “Plan Colombia”, es decir, ha sido un acuerdo entre los Gobiernos colombianos y los Gobiernos norteamericanos con dos finalidades muy precisas: combatir los que ellos denominan como “narcotráfico” y combatir a los movimientos guerrilleros colombianos que de un tiempo para acá se les ha calificado como “terroristas”.
Analicemos. Es necesario definir qué es “narcotráfico”. Podríamos calificarlo como “el tráfico de estupefacientes”. Es decir, que el combate al “narcotráfico” no incluye, por simple ló
gica, ni el lógico control del centro de acopio y distribución de las semillas, ni el cultivo, ni la cosecha, ni el proceso agro-químico de la hoja de coca y de la amapola, ni el producto final a nivel del cultivador/productor, es decir, cocaína, heroína y otros. En el supuesto de que estemos equivocados, no se combatiría, solamente, el “narcotráfico” sino todo el proceso de la producción de “cocaína y otros productos” y de la “heroína colombiana” (no afgana) tanto “aguas arriba como aguas abajo” para utilizar un concepto muy utilizado por la industria petrolera mundial.
Pareciera que el negocio del “narcotráfico” contiene otros elementos muy importantes que se deben tomar en consideración cuando se trata de combatir a ese mercado. Una vez producida la “cocaína, heroína y otros” es necesario su “empaque” (negocio muy lucrativo en cualquier producto mundial) para la “distribución”. La “distribución significa que se requiere compaginar y coordinar el transporte: tierra, mar y aire, hasta los centros de consumo mundial sean los EEUU de América, Europa, Asia e, inclusive, en Latinoamérica, Centroamérica y El Caribe. Una vez llega a los centros de consumo, se necesitan redes de “corte, empaque y distribución” a nivel del distribuidor/consumidor sean éstos agentes que manejen diferentes cantidades de las drogas en referencia. Para su colocación en el mercado nacional del país que se acepte como ejemplo, se necesitan consumidores lo que a su vez implica el traspaso de “cantidades de dinero” entre el distribuidor al consumidor y al “pusher”. No vamos a describir las variables “judiciales, sanitarias, financieras, diversión, cárceles, mafias, corruptos, etc.”
En lo referente a la “guerrilla colombiana” ahora calificada por los interesados agentes políticos como “terroristas” es necesario aceptar que los ejércitos guerrilleros se nutren del sector campesino colombiano según los medios de prensa lo califican. Pareciera, según declaraciones oficiales del Gobierno colombiano, tanto las FARC como el ELN están, militarmente, “cercados, rodeados, controlados sus campamentos, derrotados, disminuidos, penetrados por la inteligencia militar/civil colombiana, monitoreados por los específicos aparatos de detectación norteamericanos, etc.”. Es decir, según las propias declaraciones oficiales colombianas, los “guerrilleros/terroristas” están, prácticamente, derrotados, es decir, que el “Plan Colombia” en su apartado “combate al terrorismo” ha tenido éxito militar.
Durante la aplicación del “Plan Colombia”, desgraciadamente, se desarrollaron variables ajenas a los objetivos contenidos en el mencionado “Plan Colombia”. Esas variables, según la prensa oficiosa colombiana, se circunscriben a tres realidades: apropiación indebida de tierras; “desplazados” y “paracos” (paramilitares) que, a su vez, están interrelacionadas, es decir, que no habría “desplazados” sin las acciones de los “paracos” (además del accionar de las guerrillas) y no habría “paracos” sin la existencia de las “guerrillas” (que se asume justifica la existencia de los paracos) y los intereses de aquellos que podríamos definir como “terratenientes” (¿señores feudales? colombianos). Ese triangulo social ha desarrollado realidades objetivas de carácter social, político y, probablemente, financiero que ha tenido un muy importante impacto en el propio seno de toda la sociedad colombiana sea en los sectores de la sociedad campesina, sea en las comunidades de la población originaria y afro descendientes colombiana, sea en los sectores urbanos. Estos impactos perfectamente medibles han surgido hacia la opinión pública colombiana y mundial a través de denuncias referidas en la prensa oficiosa colombiana e, inclusive, según comunicados oficiales de diferentes oficinas públicas del Estado colombiano sobre lo que han denominado los propios colombianos como la “narcopolítica” y la “parapolítica”. Desconocemos si estas definiciones/calificativos se han impuesto en otros países al sur del Rio Bravo (pareciera que en México ese escenario se ha tratado en diferente forma como lo manifiesta el Comandante Fidel Castro).
Cuando se conjugan todos los factores sociales arriba en referencia podríamos considerar que el Estado colombiano está inmerso en una profunda crisis estructural. Es, quizás, lo que la intelectualidad norteamericana ha calificado, para definir las realidades de ciertos estados nacionales, como un “Estado Fallido” (“…Estado fallido es un término polémico, que califica de esta manera a un Estado débil en el cual el gobierno central tiene poco control práctico sobre su territorio. El término es muy ambiguo e impreciso. Por ejemplo, si se toma de forma literal, un Estado fallido sería aquel en el que no hay un gobierno efectivo, al contrario de un gobierno dictatorial que acapara y utiliza todo el poder…”/ “…The term failed state is often used by political commentators and journalists to describe a state perceived as having failed at some of the basic conditions and responsibilities of a sovereign government…”)
Según la publicación “Fund for Peace and Foreign Policy”, el país Colombia está considerado como un país en peligro de dirigirse hacia una situación según la descrita en la definición arriba propuesta, es decir, hacia la situación de convertirse en un “Estado Fallido”. Usted, respetado lector(a), podría investigar sobre propuestas de accionar político de los Gobiernos norteamericanos cuando se trata de relacionarse con estados que Washington ha considerado como “Estados Fallidos”. Por ejemplo, ¿es Iraq un estado fallido; lo es Afganistán; quizás Honduras; o la situación real y objetiva de Colombia se le podría considerar como un estado fallido?
Pareciera que la política exterior de los Gobiernos norteamericanos cuando de estados fallidos se trata es la de “intervenir con su presencia militar” para imponer un control militar, en primera instancia, para, posteriormente, ir imponiendo los paradigmas de un “estado democrático” según las referencias que los EEUU de América maneja con respecto a “estado democrático”. Ahora, según las experiencias que se han desarrollado después de años de intervención militar en Afganistán, tanto el Pentágono como la NATO, es decir, las políticas impuestas por la Comunidad Europea en el seno de las políticas de la NATO con respecto a Afganistán, es la de un accionar simbiótico militar/civil en las políticas a desarrollar durante la intervención a partir del mes de enero del presente año 2009. En el caso concreto de Afganistán, se ha venido desarrollando e impulsando la política de la “seguridad preventiva” con accionares militares de bombardeos, incursiones y matanzas tanto en los sectores civiles como en los supuestos talibanes que según la NATO y los EEUU de América pernoctan en territorio paquistaní; es decir, que el accionar militar llevado a cabo en territorio ecuatoriano por la conjunción militar colombo-norteamericano contra un campamento no autorizado por el Estado y Gobierno del Ecuador de las FARC, es una política global aplicada por las decisiones ejecutivas tanto de los Gobiernos norteamericanos como por los sectores militares de los miembros de la NATO y las derechas internacionales y nacionales.
En ese marco de referencia, para cualquier lector(a) curioso(a) que busque investigar, en el seno de la NATO se ha venido discutiendo sobre la calidad de los estados tanto afgano como paquistaní, es decir, se les considera como “estados fallidos” y/o cercanos a convertirse en “estados fallidos” según cada caso. Para poder presionar a Paquistán, la prensa internacional ha presionado al Gobierno paquistaní, primero acusando al jefe de inteligencia de aquel país de colaborar con inteligencia y dinero con los talibanes, para, posteriormente, presionarlos con la calidad de su democracia.
Como es de conocimiento público, Afganistán es el mayor productor de amapola/heroína/opio y derivados del mundo. Sus rutas de distribución pasan por países que giran alrededor de países productores de petróleo con importantes reservas de crudo. Por ejemplo, una de las añoradas rutas hacia el este del continente asiático es a través de la provincia china de Xinjiang donde en fecha reciente se produjeron importantes enfrentamientos entre la etnia mongola/islámica y ciudadanos chinos que viven en aquella región autónoma. Estos grupos islámicos están conectados con Turquía a través de una de las rutas de la seda.
Sobre la base de lo arriba considerado, la decisión del Gobierno de Colombia de aumentar, significativamente, la cooperación con el Pentágono y el Gobierno de los EEUU de América incorporando SIETE (7) bases militares colombianas al “Plan Colombia” tanto en regiones internas del territorio colombiano como en puertos sobre las costas de El Caribe y del Pacifico tiene varios significados a considerar. El primero sería que el Gobierno colombiano tendría que aceptar que se ha convertido en un “Estado Fallido”, es decir, no logra tener un control sobre todo su territorio nacional ni sobre las diferentes variables sociales, políticas, financieras, económicas que son consecuencia de las realidades de las guerrillas, los paramilitares, el narcotráfico y el feudalismo colombiano. En segundo lugar, si lo anterior es aceptado, significaría que el “Plan Colombia” tal y como ha sido implementado e impuesto durante los años precedentes no ha logrado alcanzar los objetivos militares, sociales y de control del narcotráfico que se supone contenían los acuerdos alcanzados entre Bogotá y Washington. En tercer lugar, que todo lo anterior no es cierto, es decir, que los objetivos fundamentales del “Plan Colombia” si se han alcanzado y que los objetivos de la extensión y profundización de los actuales acuerdos alcanzados por la Casa Blanca y el Palacio de Nariño no es terminar de derrotar, destruir y acabar con los grupos guerrilleros colombianos –FARC y ELN- y el total y absoluto control tanto de la producción como del tráfico de estupefacientes colombianos –cocaína, heroína y otros- hacia el mercado norteamericano, es decir, control del mercado de estupefacientes como se trata de lograr en Afganistán sino que esa “política expansiva del factor militar norteamericano en territorio colombiano” estaría enmarcado en dos políticas de Estado que se conjugan mutuamente en función de intereses muy específicos de cada uno de los actores involucrados, es decir, Colombia y los Estados Unidos de América. Si ello es aceptado, entonces, entraría a ser considerado el calificativo que se ha manejado de considerar a Colombia como la “Israel de América”.
