La tesis de Oscar Arias es una agresiva advertencia disparada desde el Pentágono contra Chávez, Evo, Correa y Ortega: el avance socialista en la región puede ser frenado por medios constitucionales.
Raúl Pineda | Temas Venezuela, para Kaos en la Red | Hoy 04-08-09 | www.kaosenlared.net/noticia/
No es extraño que las constituciones latinoamericanas derogadas –y algunas todavía vigentes– todas nacidas de constituyentes neoliberales, (salvo Cuba y otras pocas excepciones) contengan un artículo “pétreo” que permite cambiar de gobierno pero no de sistema. El artículo, concebido casi como una cláusula penal y copiado al calco en las viejas constituciones, no solamente establece a perpetuidad la democracia neoliberal, sino que también castiga a los infractores y autoriza la subversión política, civil y militar contra todo nuevo orden político. Según la Constitución de República Dominicana, “ninguna reforma podrá versar sobre la forma de Gobierno, que deberá ser siempre civil, republicano, democrático y representativo”. La de Uruguay dispone que “el que atentare o prestare medios para atentar contra la presente Constitución después de sancionada y publicada, será reputado, juzgado y castigado como reo de lesa Nación”. La de El Salvador, señala: “No podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno”.
Aunque estos artículos “pétreos” ya fueron barridos en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, todavía sobreviven con algunos gobiernos que expresan simpatías hacia la izquierda, pero aún creen posible la justicia social dentro del capitalismo, como los casos de Argentina ( “Esta Constitución mantendrá su imperio aún cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional” ) y Brasil ( “No será objeto de deliberación la propuesta de enmienda tendente a abolir la forma federativa de Estado” ). La Constitución de Honduras, es la que más contundentemente reivindica la perpetuidad del sistema neoliberal : “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establecen. Los actos verificados por tales autoridades son nulos, el pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional”. Algún parecido con la Constitución venezolana de1961 no es pura coincidencia.
Son estas constituciones originarias neoliberales de origen burgués, las que tratan de lograr oxígeno a través de la estrategia del Departamento de Estado contra el liderazgo antimperialista –especialmente de Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Bolivia– en el continente. A Honduras le ha tocado, accidentalmente, servir como correa de transmisión para colocar otra vez sobre el tapete la vieja tesis de que ningún sistema político contrario a los intereses de Estados Unidos es democrático. La sola proposición del presidente costarricense, Oscar Arias, de indultar a Zelaya por haber “violado” la Constitución al convocar una consulta popular y al Congreso y la Corte Suprema de Justicia por derrocarlo, es una señal contagiosa para la derecha internacional. La tesis de Arias es una agresiva advertencia disparada desde el Pentágono contra Chávez, Evo, Correa y Ortega: el avance socialista en la región puede ser frenado por medios constitucionales antes y después de convertirse en gobierno. Zelaya no es Allende –obvio– pero ambos antecedentes suponen el derecho “democrático” a propiciar de nuevo los golpes de Estado y las intervenciones armadas en América Latina. El discurso internacional de Micheletti contra Chávez no puede ser más claro: si nosotros pudimos hacerlo, otros también pueden. El mensaje es contagioso para los opositores radicales en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua. También para gobiernos que adversan abiertamente el proyecto socialista, como Colombia, y otros como México, Perú y Costa Rica, que también lo adversan, pero fingen ser neutrales al viejo estilo de la Casa Blanca. La evidencia de este proceso de “constitucionalización” del gobierno de facto en Honduras está elocuentemente expresado en el tratamiento que la Gran Prensa latinoamericana y las agencias internacionales le están dando al conflicto. De acuerdo a una información ampliamente difundida por los medios internacionales el 24 de julio, el vocero del Departamento de Estado, Phillip Crowley, preguntado sobre si el gobierno estadounidense ha calificado los sucesos de Honduras como un golpe de Estado "respondió con un rotundo no". Como podrá observarse del texto, Crowley, en ese lenguaje ambiguo que caracteriza a Estados Unidos, no dijo que según su gobierno no hubo golpe. Simplemente señaló que Washington no había utilizado esa calificación. Pero el titular que rebotaron las agencias internacionales decía:“Washington: en Honduras no hubo golpe de Estado”. Los medios preparan a la opinión pública dando a entender que todavía no está claro si fue un golpe, –lo cual contradice totalmente la decisión de la OEA– pero además crean una matriz de opinión favorable a su legitimación, que es lo que trata de lograr el gobierno de facto. Por eso, son tan parecidos los discursos de Micheletti y el dueño de Globovisión, Guilermo Zuloaga.
